El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dió la razón a la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana, en el contencioso presentado por la prohibición del recorrido de la manifestación de Sant Jordi del 2003. La delegación del Gobierno central en Catalunya prohibió entonces el recorrido presentado por la coordinadora e impidió la celebración de la manifestación con un amplio dispositivo policial. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el 1 de diciembre del 2003 que la actuación de la delegación del gobierno vulneró los derechos de reunión y manifestación y condenó el estado español a pagar los costes del juicio. La Coordinadora per la Lengua expresó su satisfacción por la sentencia y exigió a la antigua delegada, Julia García-Valdecasas, una rectificación pública.