La Audiencia de Barcelona archiva la causa por malversación contra la Asociación Catalana de Municipios y, en el auto, acusa la Fiscalía de "vulnerar derechos fundamentales" de los acusados. Entre ellos se encontraba el ex presidente de la ACM Miquel Buch, que poco después sería nombrado consejero de Interior.
Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2019 cuando la Policía Nacional registró la sede de la ACM en el marco de las diligencias previas 889/2019, del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona. Las diligencias se iniciaron por una querella interpuesta por la Fiscalía Provincial de Barcelona el 29 de Julio de 2019 contra varias personas relacionadas con la entidad por unos presuntos delitos de fraude, exacción y malversación de fondos públicos relacionados, principalmente, con actividades que la fiscalía vinculaba al proceso.
El auto, según un comunicado de la ACM, determina que "la investigación de la fiscalía se llevó a cabo con infracción del derecho de defensa y del principio de contradicción, impidiendo que se pudiera aportar información relevante acreditativa de la inexistencia de irregularidades". Por lo tanto, concluye que el material derivado de la investigación no era idóneo para fundamentar la querella y que esta nunca debería haber sido admitida a trámite.
El tribunal también manifiesta que "la entrada, registro y examen de los dispositivos que se intervinieron, no estaba justificada y constituyó una vulneración del derecho fundamental a la intimidad, así como del derecho de autodeterminación informativa". Además, determina que "como no estableció ninguna limitación en el análisis de los dispositivos, se trataba claramente de una investigación prospectiva".
Finalmente, la Audiencia de Barcelona concluye que "se ha vulnerado el principio de defensa de las personas querelladas al haberse prorrogado el secreto de la pieza separada de la causa de forma indebida y contraviniendo".
