El conseller de Educació, Josep González-Cambray ha enviado un cuestionario de siete preguntas a los directores de los 5.000 centros educativos catalanes para validar su proyecto lingüístico. Son siete preguntas binarias, por responder sí o no, sobre el proyecto lingüístico del centro.
Entre estas, se pregunta si el catalán "es la lengua de uso normal de la acogida", si prevé que el catalán "es la lengua vehicular", si el proyecto lingüístico "evita el uso de porcentajes" o si el catalán y el castellano tienen un "uso curricular y educativo".
Si los centros responden que sí a todas las preguntas, constará que su proyecto lingüístico se adecua a la nueva normativa que ha aprobado la Generalidad. En este caso, el proyecto quedará validado automáticamente por el Departamento de Educación.
Si en alguna de las preguntas la respuesta es que no, querrá decir que el proyecto no se adecua a la nueva norma. En este caso, el centro tendrá que modificarlo para que se adapte. Esto podrá hacerlo durante todo el curso 2022-2023. Una vez el proyecto esté validado, será el Departamento de Educación quien tendrá la responsabilidad última del proyecto lingüístico y, por tanto, quien responderá legalmente por éste.
