El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó a finales del año 2019 a la Moncloa y al Ministerio de Defensa que habían pedido permiso al magistrado del Tribunal Supremo para espiar a Pere Aragonès y cuál era la justificació.
Los servicios secretos, según informa El Mundo, esgrimieron ante el juez que Aragonés habría podido "coordinar" a los CDR, que por entonces incendiaron barricadas en la autopista AP-7, junto a la frontera francesa.
Esta sospecha de que él estaba al frente es lo que llevó al servicio secreto a usar el programa Pegasus para entrar en su móvil y conocer sus comunicaciones. Ese temor aparece en la copia de la resolución del juez Pablo Lucas que autorizó la intervención de su teléfono, y que los portavoces de los grupos parlamentarios pudieron leer en la comisión de secretos oficiales.
