El Govern ha aprobado un nuevo plan para el derecho a la vivienda que tiene como principal objetivo facilitar el acceso y evitar la exclusión social. Los próximos cuatro años, se prevén destinar 200 millones de euros a programas sociales, sobre todo dirigidos al alquiler. También incentivar la puesta en alquiler de pisos vacíos.
En este sentido, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha recordado que "el 86% de los inscritos en el registro de solicitantes de viviendas con protección oficial solicitan pisos protegidos en régimen de alquiler".
Las medidas previstas para facilitar el acceso a la vivienda son, entre otros, evitar la pérdida del piso por motivos económicos mediante ayudas urgentes de hasta 3.000 euros anuales para pagar el alquiler de otra vienda y los gastos de la fianza o con la institucionalización de la Ofideute, el servicio de mediación entre las familias con deudas hipotecarias y los bancos.
Asimismo, el Govern pretende facilitar los procesos de adjudicación de vivienda protegida, con el objetivo de conseguir un acceso más rápido de las familias solicitantes a las viviendas. El nuevo plan también busca la reactivación del sector de la construcción, con medidas como incentivar la recuperación de la promoción de vivienda protegida nueva y promover la rehabilitación.
