Los insultos y amenazas a la familia que solicitó castellano para su hijo en la escuela de Canet de Mar han recibido una condena general por parte de un amplio sector político y social. En cambio, ningún miembro del Govern las ha condenado.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado ante Bruselas la "gravísima" situación que está viviendo el niño y ha pedido a la Comisión Europea que condene esta situación. Montserrat se ha dirigido a la Comisión Europea mediante una pregunta escrita en la que denuncia que el Govern está perjudicando "la convivencia y el respeto a la ley en Cataluña", al no acatar la sentencia.
La eurodiputada popular lo ha hecho el mismo día que Societat Civil Catalana se ha reunido con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y le ha detallado la "presión" que viven las familias que piden un 25% de castellano. El presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, le ha explicado la "incomprensible marginalización" del castellano en la educación catalana y el "incumplimiento histórico de las sentencias judiciales".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, también ha señalado este jueves que el Gobierno español analizará los expedientes para "ver qué ha pasado" con el acoso y ha trasladado "todo nuestro apoyo a la familia". En la misma línea se ha expresado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dejado claro que estudiarán las amenazas denunciadas para "garantizar la convivencia" y la "seguridad de los ciudadanos".
"Toda amenaza o posible amenaza son un evento grave para la convivencia. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la búsqueda de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial", ha declarado. Desde el Ejecutivo español, ya se refirió ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que denunció el linchamiento "sea contra quien sea". "Y más si es un niño, es necesario condenar cualquier mensaje de odio", añadió.
Vox, por su parte, ha presentado una batería de preguntas para conocer cuál es el posicionamiento del Gobierno español. "Desde que se conoció la sentencia del TSJC el menor y su familia han sufrido un señalamiento al que se ha sumado también el Govern autonómico catalán", señalan la formación.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha cargado contra el Govern por no defender al menor de Canet. "Es un síntoma de lo enfermo que está este Govern, que no es capaz de defender a un niño a cuyos padres los tribunales han dado la razón", ha manifestado en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja.
El jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, por su parte, ha condenado "de forma clara y explícita" las amenazas que ha recibido la familia de Canet de Mar, ha recordado que "las resoluciones judiciales se deben cumplir" y en una entrevista en TVE ha avisado de que "defender el catalán atacando al castellano es un grave error".
El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha lamentado que "el conseller de Educación vaya a Canet de Mar a apoyar a los acosadores de un niño de 5 años" calificando de "indignante" que no se preste ayuda a una familia a la que pidieron que se apedree su casa o que se haga un 'apartheid' al menor. Es por esto que ha pedido que la "sociedad responda a estos ataques" porque no se puede tolerar "que se esté avalando las coacciones a las familias", avanzando que Ciutadans "no quedará impasible ante estos ataques".
Por último, la diputada PPC, Lorena Roldán, ha anunciado que presentará una denuncia al Defensor del Pueblo porque no se fía del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, manifestó ayer que "es escandaloso que se haya señalado a la familia de un niño para pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se le pueda educar, al menos, en un 25% en español".
