La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha presentado un paquete de diez medidas para "revertir las cifras negativas" del uso del catalán en todos los niveles de la administración de Justícia, pero sigue sin hacer frente a la okupación de viviendas pese a que Cataluña es la segunda comunidad en población –por detrás de Andalucía y frente a Madrid–, en la que se presentaron más denuncias por los delitos de usurpación y allanamiento de morada, 7.345, el 42,3 % del total España, según el Ministerio del Interior.
El informe de Justicia se ha elaborado a partir de un diagnóstico previo de la realidad recogido en un informe que ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y constata que sólo el 14,3% de los magistrados que ejercen en Cataluña –muchos de ellos, procedentes de otros puntos del Estado– tienen un conocimiento de nivel C1 de catalán, que en el caso de los fiscales se reduce al 9,1 %.
Para contrarrestar esta situación, Justícia destinará 600.000 euros a la creación de cincuenta becas anuales durante cuatro años, hasta un total de 200, para que los estudiantes de derecho en Cataluña opositen a jueces y fiscales con el objetivo de fomentar así el uso del catalán entre este colectivo.
Ciuró ha destacado la poca "tradición" opositora de los estudiantes de derecho en el país para acceder a estos lugares, que hace que muchas de estas plazas las ocupen personas procedentes de otros puntos del Estado. El Departamento de Justicia prevé que a partir de enero de 2023 empiecen a hacerse efectivos cada mes los pagos a los estudiantes becados para estudiar catalán y acceder a puestos de jueces y fiscales.
Otra de las medidas vinculadas a este colectivo es la negociación que mantiene la conselleria con el Consejo General del Poder Judicial para cerrar un nuevo convenio que establezca como mérito para ser juez en Cataluña el nivel C1 de catalán y no el actual B2, como ya sucede, ha dicho Ciuró, en la Comunidad Valenciana.
De acuerdo con las cifras aportadas por la conselleria, el 18,4% de los jueces tiene el nivel B2, que se exige actualmente para desempeñar esta función en Cataluña, porcentaje que se reduce al 14,3% en el nivel C1, mientras que en el caso de los fiscales, el 9,1% tiene el primer grado y un 9,4% el segundo.
Las cifras también indican que mientras en 2005 el total de sentencias redactadas en catalán fue del 20,1%, esta cifra se ha ido reduciendo año tras año hasta el 6,9% en 2021. Del mismo modo, las demandas presentadas en catalán sólo alcanzan el 6,2%.
El paquete de diez medidas promovido por Justicia incluye también un código QR con un circuito directo de quejas vinculadas a la vulneración de derechos lingüísticos en los juzgados, que se ha puesto en marcha este mismo jueves, y que el ciudadano puede utilizar con su móvil desde del mismo lugar y momento en el que se produzca esta vulneración de derechos.
