El Tribunal de Cuentas ha admitido una denuncia de SCC contra 11 exmiembros del Govern por una supuesta malversación de fondos públicos para el referéndum del 1-O y la acción exterior llevada a cabo por la Generalitat. Calculan que se destinó más de 5,3 millones a estas causas.
La demanda se dirige contra los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el vicepresidente Oriol Junqueras, y los consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Francisco Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluís Puig.
El tribunal da un plazo de veinte días a la fiscalía para que se pronuncie sobre las peticiones de Societat Civil Catalana. Asimismo, el órgano administrativo también ha informado a los once demandados, aunque no les permitirá contestar a la entidad hasta que la fiscalía se haya pronunciado.