El Tribunal de Cuentas duda sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales del Instituto Catalán de Finanzas a los ex altos cargos del Govern y ha pedido un informe a la Abogacía del Estado. El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirse la garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la "administración autonómica perjudicada".
Esta decisión supone, por un lado, retrasar su decisión después y, por otro, obliga a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno español, a pronunciarse sobre los mismos. El organismo fiscalizador pide "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asumen directamente la propia Administración autonómica perjudicada”, en referencia a la Generalitat.
