El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido dos sentencias en las que se anula los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no contemplan el castellano como vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en esta lengua.
Las dos resoluciones se han conocido el mismo día que el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Lomloe, más conocida como Ley Celaá que, entre otras cosas pone obstáculos a los centros concertados, elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza y da más competencias a las comunidades autónoma.
Así lo ha anunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que ha remarcado las resoluciones "tienen una trascendencia histórica, en la medida que obligarán a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña que en un 95% de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza".
La sentencia recuerda que "es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares" y que se admite una "interpretación conforme con la Constitución en el sentido de que no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".
"En otras palabras, la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada por la Ley Orgánica 3/2020 de la disposición adicional trigésima octava de la LOE no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular", señala el tribunal.
La entidad remarca que la sentencia considera "nulos de pleno derecho, todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes que no contemplen el castellano como lengua vehicular de enseñanza y no establezcan la presencia mínima del castellano en un 25% de las horas efectivamente lectivas".
Finalmente, ha anunciado que "solicitará formalmente al Departamento de Educación que dicte las instrucciones pertinentes para que todos los proyectos lingüísticos se adapten al modelo constitucional y reconozcan el castellano y el catalán como lengua vehiculares de enseñanza". "Se puede concluir que las sentencias dejan sin efecto el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán por considerarlo contrario a la Constitución española", concluye.
