El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha afirmado que el juicio del 9-N no es para la votación en el seno del 2014, sino por "si se acató una orden judicial" y si la conducta de los acusados constituyó un delito. "Este juicio también es democracia", ha defendido en la exposición de su informe final donde advirtió de que "un acto político puede ser perfectamente constitutivo de delito en la jurisdicción penal".
"Yo no estoy disfrutando con ello, me duele decirlo, que el presidente de la Generalitat articuló una orden de desafío abierto a una orden judicial con dos cargos del Govern -en referencia a Joana Ortega e Irene Rigau-", ha asegurado el fiscal, que ha remarcado que "Mas utilizó muy acertadamente los términos: 'Me plantearon una disyuntiva, obedecer el TC o el mandato popular".
Sánchez Ulled ha remarcado que "no se está juzgando la voluntad popular" y ha justificado que no diera ninguna orden durante el 9 de noviembre de 2014 para atender al criterio de la "proporcionalidad" porque "como testigo privilegiado" de aquel momento lo que vio era "una actuación de voluntarios".
"Lo que no sabíamos -ha añadido- es lo que después nos ha llevado un año de investigación, que bajo la actuación de voluntarios había enmascarada una actuación continuada de los poderes públicos, que es precisamente lo que el TC suspendió y el que supuso el no acatamiento de la suspensión".
También ha hecho referencia a otro de los argumentos de la defensa, la inconcreción de la providencia del Constitucional suspendiendo el 9-N: "Se me hubieran dejado preguntar; mi primera pregunta hubiera sido evidente: los habría comenzado enseñando la providencia y les habría dicho 'dígame ustedes de eso qué es lo que no entienden".
Emilio Sánchez Ulled ha recordado que en septiembre el Govern acató la suspensión del TC. "¿Qué se hizo en noviembre?". "No se hizo nada para suspender aquello que estaba en curso teniendo la obligación de hacerlo", ha sostenido.
En este sentido, ha recalcado que ha quedado "palmariamente acreditado" que se adoptó la decisión de continuar la actividad pública de un modo "encubierto”. "No se abandonó el proceso en manos de voluntarios; eso sí, se actuó con sigilo", ha remachado.
El fiscal ha expuesto que "hay argumentos que no se sostienen" y considera que los acusados no hicieron nada para detener la consulta alternativa. "Se abrieron escuelas públicas, se utilizaron ordenadores públicos, habían carteles con el logo de la Generalitat", ha indicado.
"La democracia es el mandato democrático y también el mandato constitucional, no vale ir parcelando" y ha subrayado que los acusados "sabían perfectamente lo que estaban haciendo", que estaban "deobedeciendo" de un "modo caprichoso y arbitrario" al TC.
