Los cinco ex miembros de la Sindicatura Electoral encargada de las votaciones del 1-O serán juzgados los días 2 y 3 de marzo a las 9.30h por desobediencia y usurpación de funciones, a pesar de que el organismo disolverse cuando el Tribunal Constitucional suspendió el decreto de creación y los cinco renunciaron al cargo luego que recibieron las notificaciones del TC advirtiéndoles de las multas.
Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès i Marta Alsina, los miembros que formaban parte de la Sindicatura, se enfrentan a posibles penas de entre dos años y nueve meses de prisión a pesar de que los acusados presentaron los escritos de renuncia al TC después de ser advertidos con la imposición de multas de 12.000 euros diarias.
La causa contra los síndicos se abrió antes del 1-O raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de este órgano de control electoral. El ministerio público les acusó de los delitos de usurpación de funciones, desobediencia y malversación de caudales, aunque una juez de Barcelona, en virtud de un informe de la Guardia Civil, descartó que gastaran fondos públicos en los escasos días en que ejercieron su cargo.
En su declaración como investigados ante la juez, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral se acogieron a su derecho a no contestar a la Fiscalía y, a preguntas de su defensa, alegaron que disolvieron el órgano en que el Tribunal Constitucional acordó sancionarla si no cesaban en sus funciones.
