El Ministerio de Justicia, en el que se encuadra la Abogacía del Estado, considera, según informa El País, que la decisión sobre la entrega del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España tendrá que esperar hasta la resolución de los jueces del Tribunal General de la Unión Europea sobre su inmunidad.
La justicia italiana ha citado a Puigdemont el 4 de octubre para resolver sobre su entrega, pero la Abogacía cree que lo coherente es interpretar que la orden de detención del juez Llarena en 2019 está suspendida por la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El juez Llarena, en efecto, tiene presentada una cuestión prejudicial o consulta en la que cuestiona que la justicia belga rechazara la entrega del propio Puigdemont con el argumento de que fueron juzgados por un tribunal (el Supremo) que no era competente para ello, y que hay un informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que sostiene que en España no se respetan los derechos humanos.
La presentación de tal cuestión paraliza forzosamente, según la Abogacía del Estado, la vigencia de la orden de detención, hasta que se conozca si el Tribunal de Justicia de la UE decide que los jueces belgas aplicaron indebidamente o no el derecho europeo; en concreto las normas sobre la efectividad de las órdenes de detención.
