La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir una investigación por coacciones y prevaricación contra la la alcaldesa Ada Colau y otros dos concejales por los expedientes sancionadores abiertos a un fondo de inversión inmobiliario que hizo desahuciar a varios vecinos de un bloque del barrio del Poble-Sec. Colau y los concejales Marc Serra y Lucía Martín tendrán que declarar como investigados por una querella del fondo Vauras Investments, propietario del Bloc Llavors.
Se trata de un edificio del Poble-sec, ubicado en el número 38 de la calle Lleida, que había estado dos años ocupado, y que fue desalojado en marzo del 2020 después de seis intentos. El Ayuntamiento multó el fondo con 414.000 euros porque no ofreció un alquiler social a las familias desahuciadas, como obligaba en ese momento el decreto de vivienda aprobado por la Generalitat en diciembre del 2019.
La empresa se querelló contra Colau y otros cargos por ocho delitos, pero la magistrada instructora archivó el caso al considerar que el ayuntamiento había hecho cumplir la ley catalana de emergencia habitacional. La ley fue tumbada por el Tribunal Constitucional un año después de aprobarse.
La empresa acusa al consistorio y la alcaldesa de prevaricación administrativa y coacciones por haber apoyado a los ocupas, reclamar que les ofrecieran un alquiler social y multarlos por no hacerlo. La Audiencia, que ha excluido las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias, entre otros; también pide más documentación tanto al fondo inversor como al Ayuntamiento.
