El abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha cuestionado la "independencia" de la Fiscalía en su alocución al subrayar para pedir la absolución de su cliente. "Yo nunca había visto ninguna falta de independencia y falta de autonomía, pero en este caso entendemos que las cosas han sido diferentes", ha dicho.
Melero ha asegurado que el ex presidente de la Generalitat se ha declarado siempre responsable político del 9-N, y que "nunca se ha escondido detrás de una multitud de voluntarios" y dijo que siente "tristeza", porque, según él, se ha llegado a este juicio porque "el gobierno español y algunas instituciones han intentado mediatizar la acción de la justicia".
Según Melero, la providencia del TC del 4 de noviembre era muy diferente de la anulación de la consulta que el propio TC hizo en septiembre, y que el gobierno de Artur Mas sí acató. El abogado de la defensa, y a diferencia del fiscal, ha afirmado que la providencia no era nada clara, y que las aclaraciones que se pidieron aún no habían llegado el 9-N.
La defensa de Mas también ha señalado que más allá de si la Generalitat actúa para detener el proceso participativo, tampoco ninguna otra institución -en alusión al gobierno español- utilizó "su capacidad de interrupción".
"¿Mas desobedeció en términos jurídico penales? Podríamos decir que Mas desobedecer a quien no tenía el menor interés en que se le obedeciera, pero no está claro", ha apuntado. Xavier Melero, en este sentido, ha subrayado que condenar a Mas por desobediencia supondría un "precedente" sobre cómo se interpreta este delito en el Estado español.
También, ha expuesto que "si se quiere condenar al señor Mas por desobediencia, se tendrá que innovar y decir que no hace falta reiteración del delito". "La conclusión es que no se puede desobeder lo que no es requerido. No se puede cometer delito si no se ha requerido previamente", ha concuido tras subrayar que ni el TC notificó personalmente al presidente, ni abrió un incidente de ejecución, ni el TSJC avisó al entonces presidente sobre el riesgo de cometer un delito.
Rafael Entrena, abogado defensor de Joana Ortega, ha compartido los argumentos expuestos por Melero y ha calificado de "querella del puente aéreo" la que ha llevado a este juicio, porque los fiscales catalanes lo habían rechazado y fue la fiscalía general del fue la que forzó que se formalizara. "Fue un error admitir a trámite unas querellas que tenían una evidente intención política, cuando no existen indicios de ningún tipo de delito".
Entrena ha argumentado que los tribunales no pueden actuar ni condenar por actuaciones políticas y, en este sentido, ha señalado que ”si no es delictivo convocar y autorizar un referéndum, mucho menos un proceso participativo sin efectos vinculantes”. Por esto, ha insistido en que las conductas que se juzgan hoy en día "son impunes".
La defensa de Joana Ortega ha insistido en que los voluntarios fueron los que permitieron que se celebrase el proceso participativo. "Esta realidad no se puede obviar, es un proceso participativo que se organiza y diseña antes del 4 de noviembre y se ejecuta por los voluntarios porque no había otra manera de hacerlo".
Finalmente, Jordi Pina, el abogado de Irene Rigau, ha coincidido con los otros dos abogados defensores y ha sostenido que “con la jurisprudencia del Supremo sobre los delitos de desobediencia y prevaricación, las defensas podemos estar tranquilas, porque no se puede condenar a nuestros clientes”.
