El fiscal de delitos de odio y discriminación ha abierto diligencias informativas sobre el acoso a la familia de Canet de Mar, Barcelona, que solicitó clases en castellano por su hijo en la escuela Turó del Drac.
La Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya ha calificado los mensajes publicados en la red en contra de la familia como "execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar".
Además, advierte que el principal responsable del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020 -que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano- es el conseller de Educación, sin perjuicio de las consecuencias penales que puedan arrastrar a los directores de centros educativos que no adapten los proyectos lingüísticos al modelo de conjunción.
En su escrito, el Fiscal Superior de Cataluña indica que los directores o directoras de los centros educativos son responsables de la confección, ejecución y modificación de los proyectos lingüísticos de los centros.
También advierte del riesgo de ignorar el carácter vehicular del castellano y del catalán en los centros educativos. Dice que la sentencia es perfectamente comprensible por sus destinatarios, "que quedan obligados a su cumplimiento en los términos previstos en el artículo 118 de la Constitución, así como a acometer la responsabilidad derivada de una eventual desatención".
