La Fiscalía ha encausado Héctor López Bofill, jurista y profesor de derecho de la Universidad Pompeu Fabra, por haber expresado unas opiniones personales en una serie de tuits. López Bofill deberá declarar lunes a la Ciutat de la Justicia a tres y media de la mañana.
Así lo ha explicado él mismo a través de su cuenta de Twitter donde ha expuesto que "la fiscalía me llama a declarar por mis opiniones políticas" y lo ha calificado de "nuevo ataque a la libertad de expresión". "España más cerca de Turquía", ha remachado.
La fiscalia em crida a declarar per les meves opinions polítiques.Un nou atac a la llibertat d'expressió. Espanya més a prop de Turquia. pic.twitter.com/8tr8fW4hkw
— Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 5 de maig de 2017
López Bofill no ha especificado de qué tuits se trata, pero el jurista ha hecho comentarios en la red social como "cuando seamos independientes yo me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios diversos que ahora contribuyen a extorsionar Catalunya." O cuando dijo que "la asesinato de #JoCox demuestra que, por desgracia, toda transformación constitucional profunda pide muertos". Bofill, posteriormente, se disculpó por publicar este último tuit y alegó que "estoy leyendo demasiado Carl Schmitt últimamente".
Solidaritat Catalana per la Independència ha dado "apoyo total e incondicional" a López Bofil y ha lamentado que "la libertad de expresión se ha convertido en un nuevo enemigo a abatir para España, consciente de que, sólo con la represión en todos los formatos posibles, podrá intentar detener la independencia de nuestra nación".
La formación ha anunciado que "estudiará todas las medidas a emprender desde el punto de vista legal, político, mediático y popular para defender la persona de Héctor y también el derecho inalienable a la libertad y promoverá todo tipo de actividades para dar a conocer el caso y implicar al máximo número de gente posible tanto a nivel nacional como internacional".
La Intersindical CSC, por su parte, ha denunciado "la existencia de una doble vara de medir en cuanto a las actuaciones judiciales contra usuarios de las redes sociales" y ha recordado que "existe el precedente de numerosas amenazas de muerte , llamadas al genocidio o abierta incitación a la violencia contra ciudadanos catalanes por razón de su militancia independentista o, aún más grave, por el sencillo hecho de ser catalanes".
Finalmente, considera que la citación "se inscribe, pues, dentro de una ofensiva de carácter más amplio y de carácter político y judicial para atacar y atemorizar a los ciudadanos catalanes comprometidos con el ejercicio de la democracia y la constitución de una República catalana independiente".
