El Govern ha aprobado la propuesta del nuevo contrato de servicio público para la gestión de Cercanías y Regionales con Renfe Operadora. Según la Generalitat, se dota a la administración catalana de los "instrumentos necesarios para garantizar un servicio de calidad y ejercer un mayor control e intervención". Pero la firma del mismo queda a expensas de que el Estado modifique la ley ferroviaria para que la Generalitat tenga la libertad de escoger operador.
En este sentido, algunas de las medidas que obligará a la operadora a mejorar los indicadores de calidad pasan por "garantizar el uso prioritario del catalán en la relación con los viajeros". También, incorporar "obligaciones de información sobre el servicio y sus incidencias a través de teléfono, SMS, web y redes sociales".
Asimismo, la Generalitat reclama en este documento, que tendrá una vigencia hasta el 2015, mejorar "la respuesta en caso de avería, obligando a tener un servicio sustitutorio por carretera cuando la previsión de resolución de una avería supere los 90 minutos (ahora es de 120)". Renfe deberá devolver el importe del billete en todos aquellos trayectos que superen los 15 minutos de retraso.
Por primera vez, el Ejecutivo catalán se dota de instrumentos de control de la gestión de Renfe que en caso de incumplimientos prevé penalizaciones y sanciones. Estas sanciones pueden llegar incluso a la revocación del servicio, en su totalidad o línea por línea, y atogar a otro operador. Además, si la operadora incumple los indicadores de calidad, la aportación económica se puede reducir hasta 3 millones de euros anuales.
El coste estimado del nuevo contrato es de 143 millones de euros para este año 2012, un importe que el Estado debe transferir a la Generalitat. En caso contrario, "el Govern de la Generalitat no abonará el dinero a Renfe", ha detallado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder. La propuesta también prevé crear servicios de Cercanías en Girona, Tarragona y Lleida.
