El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el patrimonio de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, para saber si se "enriqueció ilícitamente" en su etapa en la Diputación.
El magistrado expone en un auto que "procede encomendar a la Guardia Civil que realice una búsqueda patrimonial al Sr. Alay, a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente, como al parecer hizo de forma muy notoria su antecesor Jordi Castells, ex director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona.
Castells, actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, acumuló un patrimonio de cientos de miles de euros, además de comprarse dos viviendas y "tiene o ha tenido" cuentas y productos en 23 entidades bancarias y su esposa , en nueve.
Y es que el dinero habría salido del presunto cobro de comisiones por la concesión irregular de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. El juez cree que "existen indicios de criminalidad contrastados respecto a Castells, por la comisión de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública".
Alay, que estuvo en la Diputación entre 2015 y 2018 y tiene abiertos varios frentes judiciales, entre ellos la operación Volhov sobre financiación del proceso; compartió el documento en un tuit y denunció que "la cloaca vuelve" y acusó al juez de desatar "de nuevo su persecución contra mí". "Nunca he sido jefe de cooperación de nada.
La clavaguera torna. El jutge Aguirre es desperta després de mesos i desferma de nou la seva persecució contra mi. Mai he estat cap de cooperació de res.
— Josep Lluís Alay (@josepalay) April 20, 2022
Estat podrit. pic.twitter.com/tZcmBHRXUA
