Francisco Miralles, magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, ha cerrado la instrucción por las cargas del 1 de octubre de 2017 y ha decidido enviar a juicio a 45 agentes y librar a 20 más. Ahora son las acusaciones -Fiscalía y acusaciones particulares- las que deben redactar el escrito de acusación para sentar a los agentes en el banquillo.
Todos son agentes de la Policía Nacional, que podrían ser autores de delitos de lesiones e incluso de "delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal" que hacen referencia a torturas y contra la integridad moral de los votantes y que conllevan penas de 2 a 4 años de cárcel.
La investigación se centra en los agentes que protagonizaron las cargas y sus mandos sobre el terreno, pero no llega a la cúpula operativa y política que decidió su actuación durante el 1-O. De hecho, en mayo del 2021, la Audiencia de Barcelona ya dejó claro que no se les iba a investigar porque descartó que hubiera ninguna orden concreta de actuar "con contundencia" el 1-O.
