Un agente de la Policía Nacional, procesado por la intervención del referéndum del 1-O, ha manifestado en una entrevista a La Voz de Galicia que "los independentistas querían que hubiera un mártir" y ha defendido que "hice lo que me mandaron y no me han abierto expediente". "Y van y me abren un proceso penal. No lo entiendo", ha añadido.
El policía dejó la Unidad de Intervención Policial (UIP) "al poco de pasar lo de Barcelona, como el 90 %" y asegura que "aquello fue un Vietnam para todos". En este sentido, subraya que "nos hemos ido 1.200 de los 1.400 en los dos años siguientes. Cinco años después, no quedan más que 150 de los 1.500".
Sin embargo, expone que "hubiéramos necesitado 150.000 o 200.000 policías, pero éramos menos de 1.500 y sin poder usar medios antidisturbios" y señala que los independentistas "estaban perfectamente planificados" y tenían una estructura "igual" en todos los colegios: "una primera línea de gente mayor y niños e impedidos, una segunda de gente más joven, y una tercera, la más cercana a las puertas, que era de los dirigentes, los CDR, gente más violenta y agresiva".
Además, relata que "después de 90 minutos en un colegio, nos encontramos a 300 personas bloqueando la calle y tuvimos que dar la vuelta, bajarnos de las furgonetas y lanzar salvas" porque, según su testimonio, "iban a por nosotros, a encerrarnos". "Eso el juez no lo ve, y es que 40 policías encerrados igual acabamos a tiros, que a lo mejor era lo que querían los independentistas, que hubiera un mártir", concluye.
También denuncia que "los de los despachos no van procesados. Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, y el comisario de las UIP han ido a declarar, pero como testigos; y nosotros, que fuimos a hacer lo que nos mandaron, vamos imputados". "Nos dejaron vendidos. Nadie siquiera asumió la orden", remarca.
Finalmente, dice que "el día de mi juicio, Junqueras, Romeva y Sànchez se pueden sentar atrás, pueden ir de público y yo voy a estar en el banquillo pidiéndome por lesiones leves 50 euros, pero por torturas hasta 9 años y 12 de inhabilitación". "Ellos, que están condenados a 12 de cárcel e inhabilitación pueden estar detrás, indultados y rehabilitados", concluye.
