Más de un millón de multas y sanciones interpuestas durante el primer estado de alarma, de las que la inmensa mayoría fueron por haberse saltado el confinamiento, quedarán anuladas después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno español durante el primer estado de alarma que estuvo vigente entre marzo y mayo de 2020.
Esto provocará que los expedientes de multas no pagados archivarán, en principio, por parte de la administración, y las que ya han sido abonadas deberán ser reclamadas por el hasta ayer infractor. El coste de este tipo de infracciones podía oscilar entre los 300 y los 300.000 euros.
Sin embargo, la sentencia del Constitucional cierra la puerta a la posible reclamación de daños y perjuicios generados en los diferentes negocios para la aprobación del confinamiento. Es decir, aunque la medida ha sido declarada ilegal, el propietario de un bar no podrá reclamar al Estado una indemnización por los daños que le ha ocasionado el primer estado de alarma.
