La Audiencia de Barcelona ha avalado que una parte del caso Volhov sea investigada por la fiscalia de la Unión Europea. Se trata de una conversación que David Madí, ex mano derecha de Artur Mas y ex alto cargo de CDC, tuvo en octubre de 2020 poco después de una reunión en Foment del Treball con 60 empresarios e Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la que se habló de los 140.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation.
El juez instructor sospecha que Madí habría intentado desviar fondos para usos fraudulentos y por eso decidió enviarlo a la fiscalía europea. La fiscalía española y la defensa se opusieron, pero finalmente la Audiencia lo ha avalado en una interlocutoria del jueves pasado.
En el marco del caso 'Volhov', la Guardia Civil interceptó una llamada telefónica de Madí a Joan Ferran Oliva, familiar suyo y apoderado de RSM Spain Consultores. En la llamada, Madí decía: "Se ha de establecer un canal para entrar; me vi con Foment, formo parte de Foment, tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo; esto será una 'merienda de negros', son 140.000 millones".
El magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre concluyó que en esa llamada había indicios de un delito contra los intereses de la hacienda europea por subvenciones irregulares. Y, el pasado agosto, ordenó que se remitiera una copia de la conversación a la Fiscalía Europea, un órgano independiente. Sin embargo se encontró con los obstáculos de la defensa.
Para la defensa de Madí, ejercida por la penalista Olga Tubau, la conversación es una simple intervención para preparar el asesoramiento como consultor, acción “lícita y como hacen muchas empresas”. Asimismo, asegura que no afirma nada sobre el reparto de fondos europeos. Por otro lado, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado tampoco veía ningún hecho delictivo.
Sin embargo, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona expone que “tampoco se podría descartar, que dada la investigación actual sobre fraude en subvención, la finalidad que animara al investigado fuera la de desviar los fondos públicos obtenidos e invertirlos ilícitamente” y, por eso, hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Europea.
