El abogado José María Español, de un bufete especializado en derecho inmobiliario, explica que muchos okupas utilizan menores que no son sus hijos para evitar el desalojo judicial. “Nosotros pedimos a veces el Libro de Familia y no coincide el niño con los mayores”.
El letrado explica otros casos como “la señora mayor que después de tres meses en una residencia y al volver a casa se encontró con su domicilio particular ocupado”, el hecho de pinchar la luz o el gas “con el evidente riesgo para el resto de vecinos” o las comunidades de vecinos que “han empezado a organizarse”.
En su opinión el problema es que hay un vacío legal desde la reforma del Código Penal de 1995 -conocida como reforma Belloch y que ha disparado también los grafitis en el transporte público al rebajarlos de delito a falta- y la falta de voluntad política.
“Durante muchos años la okupación ha estado bien vista”, añade respecto a Podemos o los Comunes. “Hay ayuntamientos muy de izquierdas que te llaman y nos dicen que esto es insoportable”, explica”. “Yo siempre les digo que hablen con sus superiores”, añade.
