El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que deje sin efecto la orden de detención e ingreso en prisión contra él, que el juez emitió la semana pasada por los delitos de desobediencia y malversación. Éste último delito está castigado con hasta doce años de cárcel.
El abogado Gonzalo Boye ha presentado un recurso en el que alega que no cometió malversación ni desórdenes públicos agravados y que su inmunidad como europarlamentario anula todas las decisiones del magistrado dictadas desde que adquirió esta condición en el 2019.
También reclama que, en caso de que se rechace, se planteen una serie de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre otras cuestiones, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo es competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont, que goza de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
Cuando emitió la nueva orden de detención en aplicación del nuevo Código Penal, que deroga la sedición, delito por el que se reclamaba hasta ahora el expresidente de la Generalitat. El magistrado rechazó acusar a Puigdemont del delito de desórdenes públicos porque entiende que los hechos del referéndum del 1-O, contrariamente al criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que le han reclamado lo contrario.
