El Govern, con Pere Aragonés ejerciendo funciones de presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, acordó el 15 de enero aplazar las elecciones del pasado 14 de febrero hasta el 30 de mayo con casi la mitad de los casos que hay ahora. La semana del 11 al 17 de enero hubo más de 27.000 casos de covid en Cataluña por los más de 46.000 que ha habido esta última semana.
El decreto, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dejaba sin efecto la convocatoria del 14 de febrero, establecía que "las elecciones al Parlament de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y previa deliberación del Govern, mediante decreto del vicepresidente del Govern en sustitución de la presidencia de la Generalitat".
También indicaba que "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones para el desarrollo de un proceso electoral con libertad de concurrencia, votación y ejecución". Además, señalaba que "el resultado final podría no responder a la voluntad de la colectividad" si los afectados en mayor o menor grado por la pandemia no pueden ir a votar".
La entonces portavoz del Govern, Meritxell Budó, alegó que "lo más importante en unas elecciones son los electores, y en las condiciones actuales de pandemia debemos garantizar el derecho a la participación política, el derecho a voto, el derecho la salud y el derecho a la vida". Sin embargo, el Gobierno flexibilizó las medidas restrictivas por el puente de la Purísima y por las fiestas de Navidad.
