La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la responsabilidad de los excargos del Govern por el referéndum del 1-O y la acción exterior. La demanda afecta a 35 personas por 29 gastos, pero no se incluyen viajes al extranjero.
El escrito de la Fiscalía aborda primero los gastos que supuso la organización y realización del referéndum del 1-O, que cifra en mas de 1,1 millones euros. En el segundo capítulo, relativo a la promoción del procés en el extranjero a través de Diplocat, la demanda reclama ahora a los investigados 2,2 millones euros.
Entre los encausados están los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros como Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.
La demanda explica esta reducción de cuantías por el establecimiento de “un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo en cuanto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autoría de las mismas”.
Finalmente, el texto destaca el respeto por “la libertad ideológica”, lo que lleva a la Fiscalía a excluir gastos sobre inversiones o viajes para conferencias o actos culturales, aunque en ellos se defendiera también el derecho a la autodeterminación.
