El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se desentendió de un caso de acoso laboral en el Departamento de Justicia en el año 2006, cuando todavía gobernaba el tripartito. Un funcionario de Justicia, Xavier Paluzie, que ha puesto tres denuncias -las tres ganadas por vía judicial- contra el Departamento ha lamentado en declaraciones a e-notícies que el Síndic "no me defendió". En su opinión, sí "defendió y escondió la actuación de los responsables de Justicia".
Paluzie, tal y como ha explicado a e-notícies, denunció el 7 de marzo de 2006 ante el secretario general del Departamento de Justicia, junto con una compañera, "una situación de acoso en la unidad de prevención de riesgos laborales con la inhibición de la subdirectora general de RRHH".
"En lugar de aplicar el protocolo establecido de acoso, el secretario general ordenó una investigación; declararon más de 20 personas. La mayoría declaró ser objeto de humillaciones y desprestigio profesional. Ante la coherencia en las declaraciones, la instructora concluyó y el secretario general resolvió que era una conspiración y que todos los declarantes (mayoría interinos) habíamos hecho una conjura", ha añadido.
Además los denunciantes fueron acusados "de faltar claramente el respeto a la superior y cesados", lo que acabó comportando problemas de salud a Paluzie, que fue cesado de la unidad de prevención de riesgos laborales y fue trasladado a su lugar de origen en Prisiones.
A raíz de todo, se dirigió al Síndic de Greuges, que no vio ninguna irregularidad en su caso: "No detectamos en la actuación del Departamento una vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas que habilite nuestra intervención".
Acto seguido se dirigió al Defensor del Pueblo. Este pidió explicaciones al Departamento de Justicia pero se comunicó con el denunciante para hacerle saber que no podía intervenir ya que entraba en vigor el nuevo Estatuto y se excedía en sus competencias.
Al final, el caso llegó a la justicia ordinaria que acabó dando la razón a Paluzie. "No hay duda sobre la coincidencia del traslado del recurrente el 10 de mayo y el resultado del expediente informativo una semana antes. Ya sería casualidad que las funciones del recurrente dejaran de ser necesarias en este preciso momento, después de seis años de ser imprescindibles", afirma la sentencia.
"El caso es que la causa invocada de necesidades del servicio no es verosímil y se constata una desviación de poder, desviación que por otra parte incide en una situación de por sí perversa como la precariedad generalizada del personal del servicio, la falta de la estabilidad del mismo y la correlativa posición de dominio anormal de la Administración", se añade.
Pese a todo, el denunciante se volvió a dirigir al Síndic y éste le contestó que "la causa de necesidad del servicio que se podría invocar para motivar su cese no parece verosímil". Paluzie, sin embargo, insistió en que Ribó investigara el porqué en el primer informe del secretario general de Justicia se había considerado que había habido "conjura" en las declaraciones pero éste no siguió con el expediente a pesar de que en el Informe al Parlament lo presentó como un "caso cerrado". Es por ello que el funcionario, en declaraciones a e-notícies, se ha preguntado: "¿El trabajo del Síndic no es defender a las personas? ".
