Shams Túnez, una asociación que "defiende los derechos de las minorías sexuales tunecinas" y que trabaja por la despenalización de la homosexualidad en su país, está impulsando una intensa campaña en las redes contra las exploraciones anales que permiten determinar judicialmente esta condición en los acusados.
Como dice uno de sus carteles de promoción, "desde un punto de vista legal, es posible rechazar el test en presencia del médico forense". También advierte, sin embargo, que la realidad es muy diferente. "A menudo las víctimas aceptan el test por miedo a la tortura, porque son jóvenes o por desconocimiento de sus derechos, garantizados en la Constitución".
En efecto, el artículo 230 del Código Penal de Túnez tipifica como delito la homosexualidad y la pena con un máximo de tres años de prisión. Sin embargo, Shams afirma que los artículos 23 y 24 de la Constitución, con su garantía a la integridad física, permiten perfectamente la oposición a las exploraciones de este tipo.
Actualmente, hay un estudiante de 22 años encarcelado que ha sufrido una exploración anal para determinar, antes de que se celebre la vista dentro de pocos días, "si habitualmente tiene relación con otros hombres". Para Shams, que califica esta exploración indagatoria como "el test de la vergüenza" se trata de una "práctica decadente y de intromisión en la vida privada de las personas". Con el fin de denunciarlo han abierto una página Facebook en árabe y en francés e invitan a todos a hacerse eco.
Túnez es un país con una fuerte clase media que está incondicionalmente a favor de las libertades y la democracia. Por eso muchos sectores del derecho y de las reivindicaciones sociales se han añadido a la campaña. Preguntado por HufPost Túnez, el presidente de la Asociación tunecina de defensa de las libertades individuales, Wahid Ferchichi ha manifestado que "someter a una persona a una exploración anal es una práctica degradante y humillante desde un punto de vista humano".
También recuerda a que "no sólo es contraria a los artículos 23 y 24 de la Constitución tunecina sino también a la Convención contra la tortura, ratificada por el estado de Túnez". Ferchichi afirma que "a pesar de que ninguna disposición legal lo autoriza, el juez lo suele utilizar como medio de prueba para poder aplicar el Código Penal y si el acusado se opone, el rechazo es considerado como una presunción de culpabilidad. Ahora bien: lo que prevé la ley es la presunción de inocencia, no lo contrario!"
Hend Khechine, vocal de la Organización Mundial contra la tortura, también se ha implicado. "Es un acto intencionado, infligido por un agente público, que causa dolor y sufrimiento físico y mental". Su conclusión es clara: "Se puede considerar claramente un acto de tortura, tal como está definida por el derecho internacional".