La entidad Iniciativa per Occitània ha mostrado su desacuerdo con parte del texto de la nueva Constitución catalana, que ha redactado un grupo de juristas, entre los que figura el juez Santiago Vidal, porque fomenta "el secesionismo" lingüístico al cambiar el término "occitano" por "aranés".
Gerard J.Barceló, portavoz de esta entidad occitanista, ha lamentado los artículos redactados por Vidal, entre otros. "Este texto significa una amarga decepción. Nos sentimos escandalizados porque el artículo 4.3 representa un claro retroceso. Desaparece la mención del occitano y alienta las tentativas secesionistas hostiles a la unidad de nuestra lengua", ha dicho en declaraciones a e-notícies.
Por otra parte, también se siente decepcionado porque, según ha dicho, se rebaja la dignidad de su lengua: "La propuesta limita la oficialidad del occitano en la Val d'Aran mientras que la ley de 2010 la aplicaba a toda la comunidad autónoma de Catalunya". Actualmente, en Catalunya son oficiales tres lenguas: catalán, occitano y castellano.
El artículo 4.3 de la nueva Constitución catalana contradice, pues, la Ley del Occitano que aprobó en 2010 el Parlamento de Catalunya. "El aranés es la lengua oficial y propia del Valle de Arán, en régimen de cooficialidad plena con el catalán", se afirma en este punto.
Esta disposición choca con el articulado de la Ley del occitano 35/2010, aranés en Arán, que deja muy claro, tanto en el preámbulo como en diversos artículos, que la denominación es "occitano". En el artículo 4.1 de la ley incluso se habla de la "unidad de la lengua occitana"
La sustitución de la denominación "aranés" por "occitano" fue el caballo de batalla de destacados occitanistas como Enric Garriga Trullols, muerto un año después de la aprobación de la ley del Parlament. Esta debía decirse inicialmente Ley del Aranés, pero Garriga hizo una campaña muy activa en la sociedad para cambiarle el nombre. Alegaba que el término "occitano" era el conocido y aceptado por la comunidad científica internacional y que sustituirlo por "aranés" no sólo entraba en contradicción con el espíritu de la ley sino que hacía el juego a quienes quieren diferenciar "catalán" del "valenciano".
El juez Santiago Vidal está actualmente en espera de la resolución de expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial por si su actividad fuera de trabajo para redactar la Constitución catalana pudiera ser constitutivo de deslealtad a la Constitución española.
